El acuerdo prevé rebajas en algunas de las tarifas que TCP cobra a los exportadores, que varían según el tipo de contenedor y los días de estadía. De acuerdo con las estimaciones incluidas en el informe de CPA Ferrere, ello arrojará una rebaja que, como máximo, será de 13,9% respecto de lo que actualmente cobra el competidor, mientras que, en otros casos, las tarifas se mantendrán 30% por encima.
La rebaja alcanza sólo a siete de las 33 tarifas que hoy se cobran a exportadores e importadores. Por otra parte, se elimina el tope a las tarifas que se cobran a los buques y que, en caso de que TCP las aumente, se trasladarían a exportadores e importadores, encareciendo el costo total del flete.
A su vez, TCP puede perforar el acuerdo, compensado las rebajas con el cobro de nuevos conceptos, ya que, a diferencia de lo que sucedía hasta el momento, se le permite crear libremente nuevos ítems, sin necesidad de contar con autorización de la ANP.
Por último, aunque no menos relevante, no hay rebaja de tarifas para los importadores, que se verán claramente perjudicados por el acuerdo. Según el informe de CPA Ferrere, los precios que cobra TCP son sustancialmente mayores a los de su actual competidor, llegando a ser 85,5% superiores. Por lo tanto, los importadores quedarán cautivos de un único operador, que actualmente cobra tarifas que, en algunos casos, casi duplican a las que cobra el otro operador que desaparecerá como consecuencia del acuerdo.
Sin duda se trata de una muy mala noticia, no sólo para los importadores, sino para toda la economía uruguaya, en la medida en que ello encarecerá las importaciones de bienes de capital para la inversión, insumos para la producción y bienes de consumo final para la población.
Cautivos de un monopolio privado sin control
Desde la perspectiva de la economía está claro que crear un monopolio, en un mercado donde existe algo de competencia no es una medida que sirva para mejorar la eficiencia. En todo caso, si el monopolio fuera un resultado inevitable, la regulación debe imponer un control adecuado de precios, para limitar el poder del monopolista frente a los clientes que están cautivos.
El referido informe de CPA Ferrere comparte la afirmación anterior, destacando que en ausencia de competencia “[…] el regulador debe buscar otros mecanismos de control como, por ejemplo, regulación y fijación de tarifas” y que, a tales efectos, “parece necesario fortalecer las herramientas a disposición de ANP como regulador”.
Lamentablemente esta recomendación es tardía e impracticable, dado que el gobierno, al firmar el acuerdo, se ató de manos limitando el poder regulatorio de la ANP por 60 años. Cualquier intento futuro de establecer rebajas adicionales de tarifas, acompañando por ejemplo reducciones de costos derivados de la innovación y el cambio técnico, expondría a Uruguay a un reclamo internacional, ya que el gobierno aceptó expresamente someter este acuerdo al tratado de protección de inversiones con Bélgica.
Inexplicable y grave: sólo malas noticias para el futuro
Contra la simple amenaza de un juicio sin fundamento, y a cambio de inversiones innecesarias, el gobierno entregó el control del puerto a un monopolio privado durante 60 años. Lo tramitó en tiempo récord, sin defenderse y sin dar explicaciones válidas. Durante los próximos 60 años el comercio exterior uruguayo quedará prisionero de una única empresa, a la que nadie podrá controlar. El pronóstico no trae buenas noticias para exportadores e importadores. Son malas noticias para la competitividad de la economía uruguaya, para el crecimiento económico, el empleo y el bienestar general de la población. Es muy grave, aunque suene trágico.
Jorge Polgar y Martín Vallcorba son economistas.
- Oddone, Gabriel, Capurro, Alfonso y Juan Pablo Tizón, “Extensión de la concesión de TCP: impactos en la eficiencia, precios y competitividad del Puerto de Montevideo. Resumen para divulgación”, abril de 2021. ↩