En la respuesta a un pedido de informes presentado por senadores del Frente Amplio, el gobierno señala que tampoco se hallaron “estudios económicos donde se hace referencia a 1.500 millones de dólares”.
El gobierno respondió el jueves al pedido de informes presentado por los senadores frenteamplistas Charles Carrera, Mario Bergara y Eduardo Bonomi sobre el acuerdo con Katoen Natie para otorgarle la concesión del Puerto de Montevideo hasta el año 2081.
En el documento se reconoce no haber hallado informes jurídicos externos relativos a las reclamaciones presentadas por la multinacional belga contra el Estado relacionada con Terminal Cuenca del Plata, una firma que es propiedad de Katoen Natie en un 80% y del Estado en un 20%. Sí se encontraron informes realizados por la Administración Nacional de Puertos (ANP).
A su vez, el informe indica que “no se han encontrado en el sistema de expediente electrónico de Presidencia de la República ‘estudios económicos donde se hace referencia a 1.500 millones de dólares’”, pero sí una nota del 14 de febrero de 2020 enviada por la multinacional al entonces presidente Tabaré Vázquez, en la que se menciona que “el monto estimado de los daños sufridos por la empresa a raíz del diferendo con el Estado ascendían a la suma de USD 1.500 millones”.
Respuesta del gobierno al pedido de informe sobre el acuerdo con Katoen Natie by la diaria on Scribdhttps://es.scribd.com/embeds/515097093/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fMlONMSJtOIbv9JnV6omEl senador Carrera afirmó en su cuenta de Twitter que la respuesta del gobierno confirma “que no existen informes jurídicos ni financieros que hayan estudiado el monto reclamado por la empresa Katoen Natie, a efectos de evaluar la pertinencia del acuerdo” y que no hubo “asesoramiento previo y preceptivo de la ANP al Poder Ejecutivo, antes de suscribir el acuerdo”, lo que estaría violando la Ley de Puertos.
“Se confirma la peor hipótesis. Quedó en evidencia la falta de diligencia, las ilegalidades, la entrega vergonzosa por cincuenta años de nuestro Puerto y la evidente pérdida de soberanía para regular nuestra política portuaria”, sentenció el legislador.