Autocultivadoras hablaron sobre la persecución de la que son objeto, las consecuencias de la LUC y el artículo 72 de la Rendición de Cuentas

“Una ya no tiene ganas de que le pongan la bota arriba”, dijo Marga Olivera, de 72 años.

La detención de uno de sus socios fundadores, en marzo de este año, marcó un punto de inflexión en la vida de la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis (Upacc), e impulsó la creación de la Coordinadora de Cannabis del Uruguay, que también está integrada por los clubes cannábicos, las empresas y los autocultivadores. La detención ocurrió en Fray Bentos, a partir de una inspección generada por una denuncia anónima. Le encontraron cuatro plantas más de las permitidas. La fiscalía pidió prisión preventiva por considerar que, pese a estar registrado, el hombre había “ingresado en la ilegalidad” al superar la cantidad de plantas permitidas; la jueza lo consideró excesivo y dispuso prisión domiciliaria.

El hombre fue uno entre decenas de autocultivadores que en el primer semestre de este año fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. En varios casos fueron imputados o condenados con prisión por tenencia no para consumo y en otros esperan los resultados del Instituto Técnico Forense que determinará la suerte de su proceso.

A partir de la LUC, que dispuso agravantes para delitos vinculados a drogas, y la instrucción general de Fiscalía que en marzo estableció el microtráfico como una de las prioridades de la persecución penal, el espíritu de la ley de Regulación y Control del Cannabis, y la presunción de destino para consumo personal, fueron quedando por el camino.

La situación dejó al sector en una zona gris en la que no están claras las reglas de juego, con cambios de hecho en la interpretación de la Ley 19.172, pero sin cambios en la ley y bajo la incertidumbre sobre si se está en regla o no, particularmente por la forma en la que se realizan las inspecciones, en las que cuentan los lugares destinados a secado como “laboratorios” y se pesa la producción, cuyo máximo permitido es de 480 gramos, sin considerar la reducción del peso tras el proceso de secado, que puede llegar a ser hasta de 80%.

Marga Olivera, de 72 años, es una de las 20 personas que integran la UPACC. Hace tres años comenzó a cultivar con hidroponia para producir el aceite de cannabis: “La hidroponia funciona en un mueblecito que tiene una bandeja con agua, que sube por capilaridad a las raíces de las plantas. En un compartimento tenés los nutrientes, es un sistema súper cómodo y práctico. Uno siempre mira las plantas, pero pueden quedarse solas sin problemas. Además, tenés ciclos muy cortos, n dos o tres meses tenés producción. La primera vez que lo hice no lo podía creer, porque eran unos plantines chiquititos que tuvieron un altísimo rendimiento, de muy buenos cogollos, con muy buena resina, porque los nutrientes están super dosificados, reciben lo que la planta realmente necesita y no se contamina”.

El aceite lo produce mediante lo que llama “el método tradicional”, dejando el cogollo limpio en aceite de oliva a baño María: “Yo tengo artrosis y la verdad que es maravilloso: los dolores se fueron y los medicamentos, que me rompían el estómago, no los tuve que tomar más”.

Tras las primeras detenciones y evaluando otros aspectos de su situación personal, Marga optó por dejar de cultivar, al menos por este año: “Yo estoy registrada, renové el registro, pero después me pregunté ‘¿me vale la pena estar nerviosa?’ y decidí no cultivar. Vos te registrás pensando que está todo bien, que la ley te protege, y de repente todo empieza a cambiar y se dieron todos estos operativos policiales que terminaron con cultivadores presos, sin que se les comprobara ninguna cosa rara”.

Para Marga, la finalidad de los operativos policiales contra los autocultivadores es horadar la Ley de Regulación del Cannabis y que, en los hechos, no se pueda aplicar.

“Se están llevando presa a gente por pequeñísimos excedentes y se supone que el Ircca [Instituto de Regulación y Control del Cannabis] se tiene que hacer cargo. Tener excedentes en todo caso es una falta administrativa, pero hay mucha gente que está presa, [algo] que no tiene sentido, porque no cometió ningún delito; la planta le dio más de lo que esperaba”, expresó.