Tras un año de trabajo, los 15 miembros se disponen a votar un documento final con recomendaciones que será enviado al Poder Ejecutivo; el Frente Amplio, el PIT-CNT y jubilados están en contra.
Un año y pocos días después de haber comenzado su trabajo, activando el proceso de cara a una reforma jubilatoria, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) culminará este viernes su etapa votando el documento final con recomendaciones para el Poder Ejecutivo. Las líneas de acción que serán un insumo para la elaboración de un proyecto de ley con cambios en el sistema previsional toman como base un documento presentado por el oficialismo a las demás delegaciones semanas atrás.
Según comentaron distintas fuentes de la CESS a la diaria, todo se encamina a una votación dividida entre los 15 miembros, diez a favor y cinco en contra, igual que lo ocurrido en marzo cuando se votó el informe diagnóstico del sistema previsional.
Los nueve miembros que representan al gobierno y los partidos de la coalición ya lograron consenso tras cerca de tres meses de negociaciones internas en los que se paralizó el trabajo en la CEES, y la delegación empresarial nuevamente votará en forma favorable. Del otro lado, rechazando el documento, estarán de nuevo el Frente Amplio (FA) —que tiene tres delegados— junto a los representantes del PIT-CNT y de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu).
Así se fueron posicionando en las últimas semanas, a medida que fueron realizando comentarios sobre el documento difundido por los integrantes oficialistas un mes atrás. Tanto el FA, por medio de un comunicado de la Mesa Política, así como el PIT-CNT y la Onajpu, han hecho diversas críticas a las principales modificaciones del sistema que plantea el gobierno.
Entre las principales recomendaciones del oficialismo están la suba gradual de la edad de retiro de 60 a 65 años —un año más por cada año calendario—, cambios en los cálculos paramétricos y el esquema de subsidios del sueldo básico jubilatorio, variantes en las reglas de inversión de las AFAP y un mayor peso del régimen de ahorro individual —que se extiende a las cajas paraestatales—, y un ingreso mínimo garantizado para todo residente en el país desde los 71 años. También se plantea quitar los beneficios extras de las cinco cajas por fuera del Banco de Previsión Social (BPS), es decir la Caja Militar —que tiene otros cambios específicos—, Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales, y que los nuevos trabajadores ingresen todos a un sistema con iguales condiciones.
El presidente de la CESS, Rodolfo Saldain, designado por el gobierno para liderar esta primera etapa del proceso de reforma, confirmó a la diaria que la comisión culmina su trabajo el viernes, salvo que el Ejecutivo pida alguna aclaración. También dijo que si bien hay algunos cambios en el documento final a votarse, “sustancialmente se mantiene la orientación y recomendaciones” del borrador conocido en octubre.
Ahora será el Poder Ejecutivo, que ya cuenta con delegados en la comisión, el que deberá elaborar el proyecto de ley que enviará al Poder Legislativo. Hay dos cuestiones a resolver: qué nivel de similitud habrá entre el documento con recomendaciones y el proyecto de ley, y cuándo será enviado para comenzar el debate en el Parlamento.
El presidente Luis Lacalle Pou dijo en octubre que las recomendaciones de la CESS “no son vinculantes”. Si bien aclaró que serán tenidas “muy en cuenta”, también sostuvo que el gobierno analizará “cuáles son política y socialmente aceptables para seguir adelante”.
Respecto del plazo para el envío del proyecto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, indicó que no será antes de marzo, cuando el Parlamento vuelva a las tareas tras el receso. A su vez, no descartó que pueda existir un eventual aplazamiento de la discusión hasta que ocurra el referéndum por la ley de urgente consideración (LUC). Si bien los artículos que conformaron la CESS integran la LUC, no forman parte de los que serán sometidos a consulta.
Desde el FA se marcó que existen “profundas diferencias respecto del proceso de trabajo y contenido de las recomendaciones” del gobierno, y la Mesa Política anunció días atrás el voto negativo al documento final “por considerarlo incompleto, injusto y fuertemente negativo en varios aspectos centrales de su contenido”. La oposición se encuentra terminando un informe que llevará el viernes a la CESS, en el que expone los motivos de la posición contraria.
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“El diseño planteado nos preocupa mucho, porque gran parte de la financiación del ingreso mínimo surge de un ajuste muy grande en las jubilaciones contributivas de los sectores de ingresos medios”, comentó en esa oportunidad Jimena Pardo, delegada del FA en la CESS.
Hugo Bai, del PIT-CNT, dijo el mes pasado que la central de trabajadores rechaza la suba de la edad de retiro porque no viene “acompañada de medidas que atiendan una serie de problemáticas” que puede disparar la extensión del tiempo de vida laboral. Indicó que “debería contemplarse la realidad de los trabajadores” de sectores como la construcción, el sector rural o doméstico, que podrían verse afectados.
Gabriel Regalado, delegado de la Onajpu, señaló que el aumento de la edad mínima jubilatoria “esconde situaciones muy heterogéneas”, y consideró más adecuado “pensar nuevos estímulos para que la gente prolongue su vida laboral”.