El hecho ocurrió en el municipio de São Gonçalo, en Río de Janeiro.
Este lunes de mañana y luego de un operativo policial en el municipio de São Gonçalo, en el estado de Río de Janeiro, los cuerpos de ocho personas fueron hallados en un manglar cercano a la favela Complexo do Salgueiro. Los cadáveres tuvieron que ser retirados por los residentes de la zona, según contó Folha de São Paulo.
El operativo fue hecho el domingo por el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar de Río de Janeiro, que estaba buscando en la ciudad, la segunda más grande del estado, a una persona presuntamente vinculada con el asesinato de otro policía militar ocurrido el sábado. Una mujer de edad avanzada resultó baleada durante la intervención policial y tuvo que ser trasladada a un hospital.
Según la versión policial, durante el operativo un grupo de agentes fueron atacados desde un manglar, donde se produjeron intercambios de disparos. Supuestamente este hecho ocurrió bastante cerca de donde fueron encontrados los cuerpos.
Sin embargo, las declaraciones oficiales no concuerdan con las señales que fueron encontradas en los cadáveres. Según la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil, Nadine Borges, los vecinos denunciaron que los cuerpos muestran señales de tortura y que la acción de las fuerzas de seguridad puede ser catalogada como una masacre.
“Las denuncias de tortura llegaron a la Defensoría Pública, con quien estamos trabajando. Pero sí sabemos que esta es otra acción ilegal de la Policía. Vamos a ir al lugar para investigar esta masacre y seguir las investigaciones, inspecciones y velar por estos cuerpos, entender la dinámica de lo que realmente pasó”, dijo Borges.
Según informó el diario local O São Gonçalo, los vecinos de la zona donde ocurrieron los hechos denunciaron que algunos de los cuerpos fueron encontrados decapitados y en algunos casos además se les habían extirpado otros miembros, como los genitales, algo que está siendo objeto de investigación. Los residentes del lugar también dijeron que en los lugares donde se hizo el operativo policial también participaron milicianos, ya que varios comercios fueron saqueados y en el lugar quedaron grafitis y mensajes propios de estos grupos parapoliciales, de actuación frecuente en el estado de Río de Janeiro.
Entrada la tarde, ya seis de los ocho cadáveres habían sido identificados por familiares. Entre ellos figuran el electricista Hélio da Silva Araújo y su hijo adoptivo. Según la hermana del electricista, él vivía en el barrio desde hacía más de diez años y era muy conocido en la zona.
“Si hubiera muerto por una bala perdida yo podría aceptarlo, pero a él lo degollaron, lo asesinaron a sangre fría”, dijo la hermana de Araújo, según informó el sitio Metropoles. “La Justicia en Brasil es así, lamentablemente los inocentes terminan pagando con su vida. Él se rindió ante los policías y murió con los brazos en alto. Eso no existe. Es inhumano”, agregó.
De todos modos, desde la Policía Militar aclararon que los peritos y los criminalistas siguen trabajando en el tema y darán una nueva versión de los hechos una vez que hayan concluido sus pericias.
Además, según informaron medios brasileños, la Policía Militar en su intervención puede haber incurrido en una violación de la ley, ya que el año pasado el Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia de la Justicia brasileña, prohibió las operaciones policiales en las favelas sin la autorización de la Fiscalía General. Esta medida, adoptada en el marco de una serie de acciones durante la pandemia de coronavirus, fue mantenida en agosto de este año.
Este episodio de violencia coincide con otro que también se produjo en esa favela hace algunos años. En 2017, la irrupción de la Policía Militar en un baile funk terminó con la muerte de siete personas. Al igual que pasó en el caso del domingo, los agentes se hicieron presentes en la zona luego del homicidio de otro policía militar.
En los primeros tres meses de 2021, la Policía de Río de Janeiro mató a 453 civiles en operativos, según los datos oficiales. La cifra supera en 18% a la del mismo período de 2020.