Este año la situación sanitaria nos vuelve a privar del encuentro en 18 de Julio. Del silencio que grita la avenida como motor de memoria y como aguja que insiste en que otros silencios cedan a las palabras. Nuevamente, serán las casas las que digan “presente” después de escuchar el nombre de un hermano, de un amigo, de una madre, de una abuela y de un padre, de personas que todavía seguimos buscando.
Ya son 36 años que se cumplen de la reapertura democrática y somos muchas las personas que hemos nacido en este tiempo. Son los relatos de familiares, los cursos de Historia y las búsquedas personales, entre otras tantas situaciones, las que nos han permitido comprender parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la memoria colectiva. Sabernos marcados por los hechos sucedidos durante la dictadura y poder mirar desde esa perspectiva el pasado, el presente y el futuro. Y en estos 36 años también fueron muchas las madres que se fueron sin saber dónde estaban sus hijos. Olga, Amalia y Luisa encarnan eso.
Desde este lugar es que planteo hacer un repaso de algunas situaciones que han sucedido y que están sucediendo, situaciones que alimentan y perpetúan la cultura de la impunidad, que golpean a la justicia y condicionan el futuro, provocando un debilitamiento en la construcción del “Nunca más”. Y, desde ahí, proyectar qué rol debemos asumir las nuevas generaciones en esta lucha colectiva.
Podríamos situar un primer gran mojón en la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Recojo un breve fragmento de la intervención de Luis Alberto Lacalle Herrera –quien entonces era senador– en la sesión del 20 de diciembre de 1986: “Tenemos la sensación de que con esto cerramos un tiempo, y en ese sentido el país necesita definitivamente cerrar el de las memorias sombrías, convertirlas en un recuerdo que por definición se va a ir desvaneciendo. Tal es la sabiduría de la vida privada individual, pero también la de las colectividades de las naciones y de los pueblos” (Diario de Sesión de la Cámara de Senadores, 1986). Creo que esto representa y, de alguna manera, sintetiza lo que se quería lograr –y en manera se logró– con la aprobación de la ley. Cerrar un tiempo y proteger a criminales que cometieron las mayores atrocidades en nombre del Estado. Legitimar la impunidad.
Durante 26 años la ley estuvo vigente y fue un impedimento para avanzar en materia de justicia. De tal manera, recién el 18 de octubre de 2002, 17 años después del fin de la dictadura, se concretó el primer procesamiento: el de Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros.
Así, podemos seguir encontrando sucesos que logran sostener la impunidad; los mecanismos que desarrollan quienes llevan adelante la defensa legal de los militares hacen que esto sea también una batalla contra el tiempo. Muchos de los indagados, como son los casos de Jorge Grau y Washington Perdomo, han muerto antes de que su proceso termine; otros tantos, antes de cumplir su sentencia.
El último informe de Amnistía Internacional sobre Uruguay dedica una sección a “la impunidad por crímenes del pasado reciente” y señala que esta “sigue siendo aún la regla en Uruguay”. Este informe le suma tres aspectos más a lo que se venía planteando: entre 2005 y 2019 sólo se encontraron en Uruguay los restos de cinco personas del total de las 197 desaparecidas, y tan sólo se ha excavado 3,2% del terreno previsto en la búsqueda de restos. El informe recoge los datos desarrollados por el Observatorio Luz Ibarburu que dejan en vista que desde 2009 se han dictado sentencias de condena en sólo 13 causas penales de las 337 registradas por dicho observatorio.
Sin lugar a dudas, estos puntos marcan con claridad la impunidad que atraviesa nuestra cultura. Pero a esto hay que sumarle algo más: han llegado al Parlamento discursos que atacan a los familiares de desaparecidos y que defienden a militares que cometieron crímenes en dictadura. Discursos que también atacan resoluciones del Poder Judicial.
Amnistía Internacional expresa que “varias iniciativas parlamentarias, junto con algunos debates públicos, despiertan las alarmas ante posibles retrocesos en materia de verdad, justicia y reparación”.
Un ejemplo de esto es el proyecto presentado por Cabildo Abierto para derogar la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Este partido ha demostrado que tiene desde sus representantes el claro objetivo de sostener la impunidad. El senador Guido Manini Ríos dijo en una entrevista que “los familiares [de personas desaparecidas] siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida” y en otra nota expresó que “todos sabemos que no van a aparecer”, en referencia a los restos de personas desaparecidas. Otra de las declaraciones del senador en defensa de militares que cometieron crímenes durante la dictadura son las que realizó en la media hora previa a una sesión del Senado, cuando preguntó: “¿Hasta cuándo se seguirá procesando a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”.
Este breve repaso, que deja por fuera muchas otras situaciones que han sucedido en estos 36 años, busca plasmar la impunidad que nos atraviesa, sin dejar de reconocer los logros que colectivamente han conquistado las diversas organizaciones sociales.
¿Qué nos queda a los jóvenes?
Caminar hacia una mejor democracia como medio para construir una sociedad mejor debe ser siempre un horizonte, y en este sentido la cultura de la impunidad atenta contra eso.
No debemos jamás cerrar el tiempo. Nos toca acompañar a las madres que siguen peleando por saber dónde están sus hijos, sostener las historias que familiares ya no pueden contar. Nos toca seguir hablando de lo que pasó, para que nunca más vuelva a pasar, construir memoria colectiva y seguir luchando por justicia, porque bien ha quedado demostrado que aún con todo en contra, la justicia, por momentos, ha sido posible.
Nos toca confrontar los discursos que nacen del odio, y hacerlo –como expresaron desde Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos– desde el amor y la justicia. El amor no sólo a nuestros familiares, también a las nuevas generaciones. Porque nos tocará en algún momento contar la historia en una mesa, en un salón y en las calles.
Nos toca asegurarle a Luisa, que siempre dijo “vamos a dejar gente que siga luchando”, que así será. Y agradecerle, a ella y a todos los familiares, como lo hizo la Universidad de la República en las palabras de su exrector Rodrigo Arocena, por enseñarnos a vivir y a luchar con dignidad: “Muchos queremos enseñar, sentimos la pasión de enseñar, de ayudar a otros a aprender. A veces algo logramos en eso de enseñar, pero sabemos bien que lo más difícil de enseñar tiene que ver con la formación ética, y en la formación ética muy pocos son maestros. Porque, ¿cómo se enseña la virtud, cómo se enseña a vivir como es debido? Es una pregunta abierta y planteada desde hace milenios y que tiene una respuesta tan difícil como sencilla: se enseña a vivir como es debido, viviendo”.
Nos queda ser jóvenes, sin prisa y con memoria.
Sobre todo, nos queda hacer futuro.
Nicolás Carissi es estudiante de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y militante de Magnolia, Frente Amplio.