Herman Kamil, Alejandro Irastorza y Marcela Bensión, en la Asamblea General (13.07.2023).
Foto: Camilo dos Santos
Bergara entendió “que estas circunstancias pueden pasar”, pero cuando lo hizo el Frente Amplio “la oposición puso el grito en el cielo”
En una sesión extraordinaria que duró menos de media hora, una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a la Asamblea General sobre la activación de la cláusula de salvaguarda, prevista por el artículo 699 de la Ley de Presupuesto de 2020, por la que se incrementa 30% el límite de endeudamiento neto previsto para 2023, de 2.200 millones de dólares. El texto de la Ley 19.924 establece que esto se puede hacer “en caso de que medien situaciones de grave desaceleración económica, sustanciales cambios en precios relativos, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional”.
La proyección de endeudamiento de la Rendición de Cuentas 2023 es de “2.370 millones de dólares”, explicó el director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil. En el contexto de la crisis hídrica que atraviesa el país y todo lo que trae aparejado, la cartera entendió que “incrementar el límite legal de endeudamiento está plenamente justificado”, agregó. Además de Kamil, integraron la delegación el subsecretario del MEF, Alejandro Irastorza, la directora de Política Económica, Marcela Bensión, y el adscripto del MEF, Ramiro Correa.
Irastorza abrió la comparecencia rememorando que “ya se ha dispuesto una serie de medidas ante la ausencia prolongada de precipitaciones en la zona centro sur del país”, lo que generó “una situación de déficit hídrico extraordinario”, que entraría dentro de las causas de “emergencia” que se prevén para activar la salvaguarda para aumentar el límite de endeudamiento.
Según el subsecretario, “se prevé que el impacto del déficit hídrico, junto a medidas dispuestas y de disponerse en el futuro, tanto económicas como sociales, de apoyo al entramado social y el tejido productivo afectado por esta emergencia, conducirán a un deterioro mayor al esperado de las cuentas fiscales durante el año 2023, alterando el que estaba proyectado”.
En gobiernos del FA “la oposición ponía el grito en el cielo”
Luego del informe y de levantada la sesión, el senador del Frente Amplio, Mario Bergara, entendió que el MEF “hace lo que tiene que hacer”, es decir, “venir a comunicar a la Asamblea General que va a activar la salvaguarda presupuestal que incrementa el tope de deuda”.
A entender de Bergara, “es un reconocimiento que viene a hacer el ministerio de que va a necesitar endeudarse más de lo que tenía previsto”; desde la oposición, afirmó, comprenden “que estas circunstancias pueden pasar, por eso existe esa cláusula de salvaguarda”.
“También la utilizamos nosotros cuando estábamos en el gobierno, sólo que en aquella circunstancia la oposición ponía el grito en el cielo”, apuntó Bergara. “Nosotros no jugamos de esa manera; tenemos otro grado de comprensión y responsabilidad, de que hay circunstancias que a veces ameritan tomar estas salvaguardas”.
“[En] Lo que se está comunicando hoy del aumento del tope de deuda no vemos dificultad; lo que sí que queda claro es que no hay que poner el grito en el cielo como hacía la oposición antes, tan fácil no es”, sentenció.
Según Botana, “se mantiene la deuda dentro de términos razonables”
En tanto, el senador nacionalista Sergio Botana señaló que “el senador Bergara no está diciendo bien las cosas”, puesto que “la autorización que existió [en gobiernos del FA] fue por encima del 30% de este adicional” y además “fue pedida después de que se produjo el endeudamiento”.
En este caso, el pedido del Poder Ejecutivo se debe a que “hubo alguna o bastante desaceleración económica en Uruguay”, producto de “la baja del nivel de actividad de exportaciones especialmente, y, por lo tanto, de ingresos fiscales”, y de “la caída en la producción de granos y los sobrecostos generados por la sequía”, además de “algunos sobrecostos de nivel internacional y alguna caída de precios internacionales de nuestros productos”.
Según Botana, como se está dentro de “ese margen del 30% autorizado, se mantiene la deuda dentro de términos razonables, cayendo en términos de valores constantes”, y va a quedar un “poquito por encima” de lo autorizado.