Les cobraban hasta 1.500 dólares por viajar a Montevideo eludiendo los controles policiales.
A partir de la liberación de cuatro personas migrantes que se encontraban en cautiverio en una casa de la ciudad de Rivera, la fiscal de 3º turno, Stella Alciaturi, recibió varias llamadas de otras víctimas de la misma organización dedicada a la Trata de Personas, que funcionaba bajo la pantalla de una Organización No Gubernamental llamada Operación Rescate.
El jueves el jueza penal de 2º turno de Rivera, Gaspar Aradao, formalizó el proceso por los delitos de trata de personas y asociación para delinquir contra tres integrantes de la organización, una mujer de 55 años de iniciales B.N.D, su pareja de 63 años de iniciales S.A.D, quienes eran los responsables de la Operación Rescate, y un hombre de iniciales R.U.U.
En la tarde del viernes, cuatro víctimas de la organización realizaron una declaración como prueba anticipada en la causa, entre ellos los dos ciudadanos cubanos y la ciudadana venezolana de 31 años que fue encerrada con su hija de dos, y que llegaron legalmente a Uruguay hace dos meses.
En diálogo con la diaria, la fiscal Alciaturi explicó que prefirió realizar la declaración anticipada lo antes posible, principalmente por aquellos migrantes que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad podrían irse del departamento.
Alciaturi explicó que se venía trabajando en una investigación “de largo aliento”, recolectando evidencia sobre la organización, hasta que el 1º de junio, el pedido de auxilio de los cuatro migrantes que estaban encerrados con candado en una de las fincas precipitó la acción de la policía.
Hasta ahora, además de las cuatro víctimas que fueron encerradas hay otras cuatro que se encontraban en otra casa que pertenecía a la organización, otra a la que la organización dio ingreso ilegal al país y otras que se comunicaron con la fiscalía desde otros departamentos a partir de la publicidad de los hechos.
Alciaturi explicó que quienes se contactaron con la fiscalía son las personas que obtuvieron la calidad de refugiados, por lo que tienen regularizado su ingreso, pero recordó que quienes no la obtuvieron y fueron captados por la organización, también pueden declarar en calidad de víctimas.
El itinerario
A partir de la prohibición de ingresar al país a ciudadanos extranjeros, establecida en el decreto 104/020 de marzo de 2020, la organización delictiva, que fue desbaratada el 1º de junio en la Operación Zunzún, comenzó a ingresar clandestinamente a personas rechazadas en la frontera en Rivera.
La causa se inició en febrero de este año, luego de que la Dirección Nacional de Migraciones presentara una denuncia en Fiscalía tras detectar que al menos 59 migrantes cubanos, que habían sido rechazados en la frontera por no cumplir con las condiciones para solicitar la condición de refugiados, lograron ingresar al país, en muchos de esos casos se comprobó el contacto con la organización delictiva.
El encargado de acercarse a las personas migrantes era R.U.U, quien vendía bebidas y alimentos en la terminal de ómnibus y ofrecía el viaje a Montevideo en taxi por entre 500 y 1.500 dólares, eludiendo los controles militares, policiales y aduaneros de la frontera a través de caminos vecinales, tal como denunció a la fiscal Alciaturi una de las víctimas. R.U.U también los conectaba con transportistas brasileños hacia otros destinos de la región.
El punto de contacto era la terminal de ómnibus porque allí se concentraban las personas migrantes que habiendo cruzado la frontera sin pasar por migraciones no contaban con el negativo de covid-19 necesario para acceder a la compra del pasaje, por lo que veían truncadas sus posibilidades de avanzar hacia otras zonas del país.
Si no llegaban al dinero requerido para seguir en taxi, R.U.U. les ofrecía contacto con la ONG Operación Rescate, donde tenían asegurado alojamiento y comida gratis por un día. Además, les regalaba un chip de teléfono para mantenerse comunicados con la organización. Una vez que aceptaban los ubicaban en una de las dos casas utilizadas por la organización, en condiciones sumamente precarias con diferentes familias en la misma pieza, dividida por telas, y pasado el día de alojamiento gratuito comenzaban a cobrarles. El precio variaba entre 100 y cinco dólares diarios por persona, dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad en la que estaba cada uno y siempre bajo amenaza de ser denunciados y deportados.
“Habíamos combinado en cinco y es cinco, ta? Tendría que cobrarte mucho más porque te di un cuarto solo para ustedes, y tu te quedaste sin mi autorización, te quedaste más de un día acá, así que no vengas a salir con la tuya porque (S.A.D) te ‘cañotea’, y con él no vas a jugar”, fue uno de los mensajes enviados por B.N.D, la mujer imputada, que se encargaba de cobrar el alojamiento a las víctimas.
“No vengas a decir que no tenés dinero porque ustedes venden bien, si derrochás el dinero o derrochaste es problema tuyo”, decía en otro de los mensajes la responsable de la ONG, que se presentaba bajo una impronta religiosa, al punto que luego de la detención de los miembros de la organización, allegados a Operación Rescate, vistieron las fachadas de la casas donde alojaban a los migrantes con cartelería de iglesias evangélicas.
En el caso de los cuatro migrantes que fueron liberados, ellos habían tramitado el refugio e ingresado legalmente al país. Según supo la diaria miembros de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) visitaron a los migrantes días antes de que fueran encerrados para llevarles donaciones de ropa a la niña, pero no advirtieron la precariedad de las condiciones en las que eran alojados, ni recibieron denuncia de malos tratos. la diaria contactó a integrantes de la OIM pero declinaron hacer declaraciones por el momento.
Según la investigación judicial, la ONG Operación Rescate recibía una contribución de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) por cada migrante que recibían, lo que era el centro del financiamiento, además del alojamiento que cobraban y los viajes a los migrantes que no tenían la calidad de refugiados.
“Los co imputados integran un grupo criminal organizado que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana”, señala el pedido de formalización del proceso realizado por Alciaturi.
El juez Ardao convocó a una audiencia para el 8 de junio, en la que se determinará sobre la medida cautelar de distanciamiento de las víctimas para un joven, familiar de los imputados. Alciaturi aclaró que la persona sobre la que se pretende imponer las medidas no está implicada en la trata de personas, pero al haber constatado que se acercaron a las víctimas luego de la libertación, entiende necesarios asegurar la normalidad del proceso y evitar que las víctimas sean intimidadas.
La formalización fue apelada por la defensa de los titulares de la Operación Rescate, quienes sostienen que el encierro fue para proteger a las personas migrantes de otra, que los había amenazado.