La desinformación y las advertencias que buscan generar miedo caracterizaron las últimas semanas de campaña.
Escuchá este artículoLeído por Abril Mederos
Lo que sucederá en Perú luego de las elecciones del domingo va más allá de un recambio institucional. En esta campaña, la de mayor polarización en sus 20 años de contienda democrática, se han expuesto las venas racistas y clasistas que persisten en un país multicultural y con una brecha de desigualdad que se ha acentuado en la pandemia. Se han extendido las campañas de desinformación y contenidos falsos, y buena parte de los medios de comunicación tradicionales renunciaron a mantener la independencia periodística para ceder sus espacios a favor de la candidata de derecha y procesada por lavado de activos Keiko Fujimori.
Ocupará la presidencia Fujimori o su contendor de extrema izquierda y profesor de escuela, Pedro Castillo, pero cualquiera de ellos tendrá a medio país inconforme con su presencia en el Palacio de Gobierno. Las últimas encuestas colocan a Castillo a la cabeza, con un apretado margen de 45,1% frente al 43,1% que obtendría la dirigente de Fuerza Popular, pero ambos llegaron a esta segunda vuelta por la fragmentación del voto, con altos niveles de desaprobación y un apoyo real de menos de 20% de la población.
Algunos líderes políticos con escaso apoyo popular se sumaron al bloque de apoyo a Fujimori. Este ha sido un respaldo activo, con discursos y acciones que contradicen las banderas anticorrupción que muchos de ellos enarbolaron. A la lista de renovados entusiastas fujimoristas se agregan empresarios y miembros de la sociedad civil con mayor visibilidad pública, como el escritor y excrítico del fujimorismo Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro Vargas Llosa, quienes han acaparado portadas desde que anunciaron su apoyo a la candidata de Fuerza Popular para defender el modelo económico.
Sin embargo, el resultado de las encuestas tomadas en días posteriores a estas manifestaciones de apoyo demuestra que no han servido para revertir la tendencia de votos a favor de Castillo. Los líderes de opinión que se han sumado al fujimorismo no se encuentran vigentes en la escena nacional, su presencia es limeña, y el mayor porcentaje de aceptación del candidato de Perú Libre se concentra en las regiones que menos se han beneficiado del crecimiento económico del país y donde se mantienen amplios márgenes de pobreza.
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2020, publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza monetaria pasó de 20,2%, en 2019, a 30,1% durante el primer año de pandemia, y hoy alcanza a 9.820.000 personas en todo Perú. Aquí se encuentran regiones como Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, Cusco, donde el crecimiento económico producto de la extracción y exportación de minerales tampoco se ha traducido en una mejor calidad de vida para sus habitantes.
Este llamado desde las regiones no se circunscribe a la última campaña electoral. En las elecciones del Congreso 2020, que se convocaron luego que el entonces presidente Martín Vizcarra ordenara su disolución, los resultados fueron bancadas fragmentadas en agrupaciones políticas que prometían discursos radicales y un enfoque regional, sobre todo del Frepap, una organización con una fuerte agenda agraria y que impulsa un Estado teocrático. Y antes que ello, en 2011, la victoria de Ollanta Humala como presidente de la República también fue el manifiesto del descontento hacia la gestión pública centralista y limeña.
Una de las diferencias que le atribuyen a su candidata los votantes de Fuerza Popular es que si gobierna mantendrá el sistema financiero, fiscal, laboral y económico del país, a diferencia de Castillo, en cuyo plan de gobierno se desarrollan propuestas de renegociación de contratos, una economía popular de mercado y la restricción de importaciones.
Sin embargo, en las últimas semanas, Keiko Fujmori ha anunciado un paquete de bonos, créditos y exoneraciones tributarias para sectores económicos y familias en situación de pobreza. Son promesas que no estaban incluidas en su plan de gobierno y que generarán un aumento del endeudamiento público y el compromiso de recursos todavía inexistentes. Sólo la aplicación del Bono Oxígeno, que se entregará a las familias que perdieron a un familiar por la covid-19, elevará de 35% a 40% la deuda pública nacional.