Según el fiscal, eso le va a permitir “negociar mejor” con los presuntos violadores.
Los tres imputados por la violación grupal en Cordón pasaron a prisión domiciliaria a pedido del fiscal Raúl Iglesias, que asumió la causa hace algunas semanas tras el enroque con Sylvia Lovesio, la fiscal que lideró la investigación.
Iglesias informó que “hizo alusión a que los riesgos procesales existentes se podían proteger de una manera menos gravosa para los imputados pero igualmente efectiva para la protección de la víctima y también teniendo en cuenta el peligro de fuga”. Según afirmó, “con el arresto domiciliario total más otras medidas de control se mitiga ese riesgo”.
Este fue uno de los primeros movimientos que informó que haría porque entiende que la prisión preventiva “ya no es necesaria” y que eso “le permitirá negociar mejor con los hombres”. Esto generó varias reacciones, entre ellas de la defensa de la víctima, que presentó un escrito contra el fiscal por “incumplimiento a los deberes y protección”. Entienden que existe un manejo mediático y que sería “razonable” que “antes de salir a hablar en los medios de su caso” deberían comunicarse con ellos. También plantean que la actuación del fiscal “lejos de facilitar” su participación, “la aterroriza”.
Por otra parte, este martes, Juan Gómez, fiscal de Corte, ordenó una investigación de oficio luego de que trascendiera que se crearon perfiles falsos de la víctima de la violación. Los perfiles tienen contenido sexual e invitan a varones a tener relaciones sexuales.
A su vez, la víctima ha sido objeto del escarnio público luego de que el periodista Ignacio Álvarez divulgó material con contenido íntimo de la mujer en su programa La pecera, emitido por Azul FM. Esto supone un delito según el artículo 92 de la Ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, y por eso el fiscal de Corte ordenó una investigación penal de oficio, que quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º turno, que dirige la fiscal Mariana Alfaro. Ignacio Álvarez tiene medidas cautelares hacia la víctima, su hermana y una testigo, con quienes intentó comunicarse. Tiene medidas de no acercamiento y comunicación impuestas por la Justicia de Familia y ratificadas por el Tribunal de Apelaciones.