La hora de la verdad
Por Daniel Barrios
Fueron necesarios casi 4 años de negociaciones entre las partes, decenas de informes, declaraciones, resoluciones de asambleas, acusaciones tan virulentas como defensas otro tanto categóricas, duras condenas y apoyos incondicionales.
La chispa que puede incendiar el mundo
Recién en marzo pasado, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anunció haber llegado a un acuerdo con el gobierno de China para visitar el país asiático, una misión oficial que incluye la región de Xinjiang, donde desde 2017 se le acusa de una violación sistemática de los derechos y libertades de cientos de miles de miembros de la etnia musulmana uigur.
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“Me complace anunciar que recientemente llegamos a un acuerdo con el gobierno de China para una visita”, señaló Bachelet en la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Mi oficina y el gobierno de China han iniciado trabajos concretos para la visita, que se prevé, en principio, para el próximo mes de mayo”, agregó las dos veces presidenta de la República de Chile.
La jefa de derechos humanos de la ONU ha manifestado que quiere visitar Xinjiang por las denuncias de la existencia de “campos de internamiento” por los que habrían pasado cientos de miles de uigures, que según China son “centros de capacitación vocacional” que tienen el propósito de mejorar a la sociedad y la economía de esta apartada región.
Xinjiang es una región autónoma al noroeste de China que representa la sexta parte de su territorio y, por su posición, tiene para Beijing una importancia estratégica para su megaproyecto de la Nueva Ruta de la Seda ya que permite la conexión con Asia Central.
Casi la mitad de su población de 25 millones de habitantes pertenecientes a la etnia uigur -uno de los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente por el gobierno de Beijing-, son
principalmente musulmanes y en su mayoría hablan una lengua túrquica y escriben en la versión modificada persa del alfabeto árabe lo que explica su cercanía cultural y religiosos con los países de Asia Central.
Según las estadísticas oficiales, en los últimos 60 años, la economía de Xinjiang ha aumentado 160 veces, el producto regional bruto per cápita 30 veces, la población del grupo étnico uigur creció de 2,2 millones a unos 12 millones, la esperanza de vida ha aumentado de 30 a 74,7 y “por cada 530 musulmanes en Xinjiang, hay una mezquita, una proporción más alta que en muchos países occidentales y musulmanes”.
Finalmente, la semana pasada un equipo de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llegó a China para preparar la visita el próximo mayo y discutir los parámetros y los alcances de la misión, para la cual, según el portavoz de Bachelet, Rupert Colvilled, las autoridades chinas deben asegurar “un acceso sin vigilancia a un amplio número de actores de la sociedad civil y lugares, así como interacciones con funcionarios de alto nivel”.
En esa misma dirección se había pronunciado el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, quien, en ocasión de la inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno, se reunió con el presidente Xi Jinping y, al mismo tiempo que manifestó su “apreciación por el fuerte apoyo de China a la ONU y al multilateralismo”; también planteó “su expectativa de que los contactos entre Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las autoridades permitan una visita creíble a China, incluyendo a Xinjiang”.
Para el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbi, el propósito de la inminente visita es “promover los intercambios y la cooperación”, y volvió a enfatizar que China “se opone al uso de esta visita para la manipulación política”, así como a una “supuesta investigación con presunción de culpabilidad”.
La República Popular desde siempre, ha sostenido que los derechos humanos son universales por naturaleza y sus principios básicos deben respetarse por todos los países, pero tienen connotaciones específicas dependiendo de “los diferentes niveles de desarrollo económico, diferentes sistemas sociales, diferentes tradiciones y valores culturales y diferentes creencias religiosas” de los distintos países.
Para Beijing , introducir un modelo global unificado de derechos humanos “significa imponer las ideas occidentales al resto del mundo” y por ello la situación de Xinjiang, como también Hong Kong y Tíbet, debe considerarse como un asunto interno desde su país.
En la sesión 46ª del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tuvo lugar en Ginebra, en febrero del año pasado, el gobierno de Xi JInping -que desde hace más de dos años auspicia la misión de Bachelet- volvió a invitar oficialmente a la alta comisionada a realizar una visita a la región autónoma y afirmó que también recibirá una misión de la ONU a Xinjiang capaz de hacer una evaluación objetiva y respetando los procedimientos aplicados para estos casos, sin prejuicios y sin una “condena anticipada”.
La misma invitación fue reiterada en la sesión 47ª del mismo organismo del pasado mes de junio, cuando más de 90 países expresaron su apoyo a la postura de China y 65 de ellos se opusieron decididamente a una declaración de condena promovida por Canadá sobre la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, por considerar “las acusaciones infundas y una inaceptable interferencia en los asuntos internos de China”.
Desde que Estados Unidos y un grupo de países occidentales y organizaciones civiles , apuntaron sus baterías contra Beijing por el “caso uigur”, el gigante asiático ha respondido todas y cada uno de las acusaciones y exigido que el asunto se trate en el marco del derecho internacional y en la sede de los organismos competentes de las Naciones Unidas.
El gobierno chino ha negado categóricamente las acusaciones de represión y abusos en Xinjiang y asegura que las personas internadas en campos “de reeducación” construidos en la zona reciben “formación vocacional”, en el marco de la lucha contra el “terrorismo, extremismo y separatismo” del Movimiento Islámico de Turkestán Oriental (ETIM por sus siglas en inglés) que ha utilizado sistemáticamente la violencia armada y actos terroristas para promover su objetivo de establecer un denominado “Turkestán Oriental” independiente dentro de China.
El ETIM fue incluido en la Lista de organizaciones terroristas del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas el 11 de setiembre de 2002, por “participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados” por Al-Qaida “o realizados en o bajo su nombre, junto con” ella “o en apoyo de” ella o “prestar apoyo de otro tipo a sus actos o actividades”.
El caso Xinjiang es el último acto de la ofensiva de la Casa Blanca contra China y se suma a la guerra comercial, la guerra tecnológica, donde se le acusa de que la inteligencia artificial y la tecnología 5G están al servicio de la inteligencia militar china, y la guerra sanitaria, responsabilizando al Instituto de Virología de Wuhan del origen de la pandemia covid-19.
El hostigamiento de Washington tuvo su punto más álgido cuando, en enero de 2021 y el mismo día que dejaba su cargo, Mike Pompeo, secretario de Estado de la Administración Trump, declaró que “tras una detallada revisión de los hechos disponibles, he determinado que la República Popular de China, bajo la dirección y el control del Partido Comunista de China, ha cometido genocidio contra los uigures predominantemente musulmanes y otras etnias y grupos minoritarios religiosos en Xinjiang”
De esta manera,Estados Unidos se convirtió en el primer país occidental en calificar formalmente de “genocidio” la situación de Xinjiang y desde entonces la “cuestión Uigur” ha sido uno de los temás de mayor fricción y confrontación entre Beijing y Washington, lo que políticos y expertos ya reconocen como el escenario de una nueva guerra fría.
Tres meses atrás, interviniendo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Wang Yi, consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China declaro que “el llamado genocidio, el trabajo forzado y la opresión religiosa son mentiras fabricadas”.
No solo china, sino también un grupo de calificados expertos en derecho internacional y calificados funcionarios como Jeffrey Sachs acusaron a Estados Unidos de una instrumentalización política del “caso Xinjiang” y contraria a la definición de genocidio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
“La acusación de genocidio no es para hacerla a la ligera. Un uso inadecuado del término puede intensificar tensiones geopolíticas y militares y devaluar la memoria histórica de genocidios como el Holocausto, lo que dificultará su prevención futura. Es deber del gobierno de los Estados Unidos actuar con responsabilidad a la hora de formular una acusación por genocidio, algo que no ha hecho en este caso”, afirmó Sachs, principal asesor de la ONU para los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las puertas de Xinjiang “están abiertas” y “China da la bienvenida a todos los extranjeros imparciales que quieran conocer Xinjiang, y que Michelle Bachelet pueda visitar China y esa región en un futuro próximo”.señaló Wang Yi en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos
Una vez que ingresen por esa puerta, el gobierno chino esta convencido que finalmente se conocerá la verdad sobre la controvertida Región Autónoma Uigur.