Información del caso:
El presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado
por los supuestos perjuicios causados a un grupo de pobladores de la Comunidad de La
Oroya, como consecuencia de actos de contaminación realizados por un complejo
metalúrgico en dicha comunidad. En general, se alega que el incumplimiento de Perú
con sus obligaciones internacionales permitió que la actividad minera generara altos
niveles de contaminación que han impactado seriamente la salud de las presuntas
víctimas. Al respecto, se argumenta que el Estado incumplió su obligación de actuar con
la debida diligencia en la ejecución de sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el
comportamiento de las empresas privadas y estatales respecto la potencial afectación a
los derechos humanos de los habitantes de la comunidad, así como su obligación
general de prevenir violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, en el caso se
alega que el Estado no adoptó las medidas adecuadas para hacer frente a los riesgos
ocasionados por la contaminación del medio ambiente en la salud infantil de la
comunidad. Se alega también que Perú no garantizó la participación pública ni el
derecho al acceso a la información de las presuntas víctimas en las decisiones que les
afectarían directamente, ni investigó las amenazas, hostigamientos y represalias en
contra de las presuntas víctimas. En este sentido, se alega que el Estado incumplió sus
obligaciones inmediatas en materia del derecho a un medio ambiente sano y a la salud,
así como su obligación de lograr progresivamente la realización plena de dichos
derechos
