Ante la amenaza de juicio internacional, el gobierno acordó con la multinacional belga; los años de concesión y la preferencia son criticados por la oposición y actores portuarios.
1. ¿Cómo funciona el puerto de Montevideo?
Lo regula desde 1992 la ley de puertos, distintos decretos reglamentarios y la ley de subasta de una terminal especializada en 2001. Hay áreas públicas, donde la Administración Nacional de Puertos (ANP) arrienda espacios o presta servicios a los privados, y zonas especializadas, como la concesión otorgada a la firma Terminal Cuenca del Plata (TCP), propiedad de Katoen Natie, que tiene como socio minoritario (20%) al Estado. Hace dos décadas se le otorgó el área especializada para contenedores por 30 años a la multinacional belga, y esto implica que hay ciertos servicios dentro del puerto que sólo los brinda TCP. Aparte, hay empresas de servicios portuarios que operan en los muelles públicos, la principal es Montecon, que acapara la mayor cantidad de operaciones en todo el puerto. Entre Katoen Natie y Montecon hubo varias disputas legales en los últimos años, ya que la concesionaria reclamaba por las habilitaciones y servicios que la ANP permitía dar en los muelles públicos.
2. ¿Por qué el Estado quedó expuesto a un posible juicio internacional?
Por esas discrepancias entre TCP y el Estado, que oficia de regulador vía ANP y de socio minoritario de Katoen Natie, es que hubo reclamos de la multinacional belga por distintas vías. En 2017 la empresa comunicó al gobierno que iba a vender su negocio en Uruguay, pero luego suspendió el proceso. Como en ocasiones previas, Katoen recurría al tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Bélgica como salvaguarda legal, y en octubre de 2019 envió una nota a Presidencia planteando que existía una violación del acuerdo bilateral e intimaba a las autoridades a una negociación. Este aviso previo a un posible juicio es parte de los pasos previstos, y en febrero de 2020, días antes del cambio de gobierno, ante la falta de respuestas notificó que iniciaría un juicio por 1.500 millones de dólares. Al igual que con la tabacalera Philip Morris o la minera Aratirí, los litigios se desarrollan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial que media entre los estados y las multinacionales.
3. ¿Qué pasos dio el nuevo gobierno?
A pocos días de asumir las nuevas autoridades iniciaron una negociación con Katoen Natie para evitar el juicio internacional. La interpretación del gobierno entrante es que había riesgos de iniciarse el litigio internacional y se priorizó un acuerdo con la firma belga, que se terminó anunciando en marzo de 2021 por el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General. Allí informó que las negociaciones de casi un año se saldaron con un acuerdo por el cual Katoen Natie retiraba la demanda, pero además se comprometía a invertir 460 millones de dólares en la terminal y efectuar una rebaja de tarifas; el gobierno daba la concesión del área especializada por 50 años más, hasta 2081.
4. ¿Cuáles son las principales críticas al acuerdo?
El Frente Amplio (FA) comenzó planteando dudas sobre la extensión de la concesión, en el entendido de que eso debe surgir de una ley y pasar por el Parlamento. También cuestionó las distintas condiciones del acuerdo; la principal es la modificación de las reglas internas del puerto, dando prioridad a TCP para recibir contenedores en desmedro de los muelles públicos; entienden que consagra un monopolio contrario a la ley de puertos. Esto afecta la operativa de Montecon, que inició acciones administrativas contra el decreto que oficializa el acuerdo y planteó la posibilidad de un juicio internacional contra el Estado. Pero también surgieron críticas y dudas de otras empresas con actividad en el puerto, de la Unión de Exportadores, y de representantes del Partido Colorado y Cabildo Abierto. Edison González Lapeyre, catedrático colorado especializado en derecho marítimo, sostuvo que hubo “ineptitud de quienes negociaron”, y otros juristas mostraron reparos. El FA días atrás subrayó que no hay registro de informes jurídicos o económicos del gobierno que respalde lo actuado, y que en 2008 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se había expedido en contra del pedido de Katoen Natie de tener prioridad en el puerto.
5. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno?
Por un lado plantean que la posibilidad de extender la concesión estaba en el contrato original con TCP de 2001, y que una ley votada en 2017 por el FA extendió el máximo de concesiones de 30 a 50 años, plazo por el que se otorgó una terminal en el puerto a UPM. Juan Curbelo, presidente de la ANP, dijo que “la competencia no era sana” en el puerto y que Katoen Natie había hecho “poca inversión” por las “distorsiones” normativas. Defendió que el área especializada opere con contenedores y que en los muelles públicos se reciba otro tipo de carga. “No hay un monopolio, sino una prioridad en el atraque”, manifestó el jerarca. Tanto Curbelo como Heber han argumentado que la competencia actual es contra otros puertos, y con estas inversiones, que se compromete a hacer TCP, el puerto ganará competitividad y logrará bajar las tarifas.