Foto: Camilo dos Santos
Publicado el 14 de febrero de 2023
Escribe Camila Méndez en Ecosistemas
Octubre de 2021. Una persona, que se presenta por su nombre, toca la puerta de la casa de Yohana -ubicada en el barrio Pauru, al oeste de Montevideo- y le dice que su terreno va a ser expropiado. Sin brindarle ninguna notificación o papel que lo demuestre, la desconocida le cuenta que se va a hacer una ruta.
Yohana hace 21 años vive allí, crio a sus hijos, construyó su hogar. No se toma en serio el planteo y piensa que es una broma de mal gusto. Pero comienza a hablar con sus vecinos y se percata de que no llamaron únicamente a su puerta. La preocupación va en aumento; busca en internet el nombre de la persona y encuentra que es “consultora de Impacto Social”. Yohana entonces se moviliza para intentar obtener más información.
En paralelo, Sara, una señora de 91 años que desde su niñez vive en el barrio, le cuenta que esta desconocida le transmitió que “debía armar sus maletas”. Más tarde, aparecen funcionarios de la Dirección de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y confirman las expropiaciones, aunque para los vecinos todavía no estaban claros los padrones que tendrían que pasar por el proceso. Son tres las palabras que utiliza para describir la situación: incertidumbre, tristeza y destrucción. “Así empezó la tragedia que estamos viviendo”, lamenta Yohana.
El proyecto consiste en la construcción de una ruta doble vía de nueve kilómetros, con iluminación y dos intercambiadores de tránsito, que tiene por objetivo unir la ruta 102 con la ruta 1. Según la ficha ambiental del proyecto, elaborada por el MTOP, la idea fue presentada por una “iniciativa privada” y “no abarca zonas con prioridad para la conservación, ni ecosistemas vulnerables o amenazados”. Al leer el documento, se deja entender que los impactos ambientales serían mínimos. Pero existe un pequeño detalle: la obra busca realizarse dentro del área protegida Humedales del Santa Lucía, que ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2019.
En este territorio se encuentran muchísimas especies prioritarias para la conservación: más de 40 especies de aves; anfibios amenazados como la ranita de Fernández (Physalaemus fernandezae) y la ranita de Bibron (Pleurodema bibroni); también, por citar un par de ejemplos más, la viborita de dos cabezas (Leptotyphlops munoa), que conviven allí, junto con la mulita (Dasypus hybridus), el gato montés (Leopardus geoffroyi), el tucu tucu (Ctenomys pearsoni) y una larga lista de especies nativas más. Por supuesto, también se puede observar 74 especies vegetales, gran parte de ellas asociadas a los humedales. A pesar de querer intervenir esta zona tan particular, en el informe se solicita que el proyecto sea analizado por el Ministerio de Ambiente (MA) bajo la categoría B, una categoría intermedia de impactos que no implica necesariamente una audiencia pública donde se pueda dialogar con la comunidad.
Finalmente, en enero, el MTOP emitió una resolución donde se especifican los padrones que deberán expropiar para construir la ruta. En total son 55. Si bien el MA aún no ha definido si se aprueba o no la iniciativa, desde la semana pasada está abierta la licitación para que empresas privadas puedan presentarse y luego ser seleccionadas para llevarla adelante. “Yo no puedo procesar que me van a expropiar, cuando el proyecto todavía no está aprobado. ¿Cómo entendés esto? Nunca vamos a recibir el valor que nosotros le tenemos a la casa. ¿Dónde me voy a ir? ¿Dónde compro una casa parecida? ¿Dónde voy con mis hijos? Todo esto es muy apurado, a lo loco. Vinieron el 24, el 26 y el 30 de diciembre. No nos dejaron ni pasar las fiestas en paz. Estaba metida la empresa, que no sé si es licitante o qué, no sé el nombre. Fue mucha presión, entre ellos y Topografía”, dice Yohana. Enseguida, señala el lapacho que está al fondo de su casa: “Todo esto lo van a tirar, no te puedo explicar lo que siento. Te tiran la casa, ¿entendés? Mi hijo plantó estos árboles, él no se quiere ir tampoco”.