Legisladores del FA cuestionaron la solicitud del máximo órgano judicial por entender que incumple con el compromiso acordado en el Presupuesto Nacional.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tabaré Sosa, envió un anteproyecto de ley a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores para prorrogar hasta julio de 2022 la instalación de los tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, creados en la Ley de Presupuesto (19.924). El argumento del máximo órgano judicial es la imposibilidad de instalar y poner en funcionamiento las tres sedes “en el actual marco presupuestal y competencial”.
El anteproyecto propone posponer hasta el 1º de julio de 2022 la puesta en funcionamiento de los juzgados, pero deja la posibilidad de adelantar la fecha si, a juicio de la SCJ, “se dieran las condiciones materiales necesarias”. En el texto se recuerda que “en múltiples diálogos y reuniones mantenidas con diversos jerarcas institucionales”, como el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales, la SCJ “puso de manifiesto que resultaba imposible la instalación y puesta en funcionamiento de los referidos juzgados en el actual marco presupuestal y competencial”. “Asimismo, el Poder Judicial manifestó, reiteradamente, que resulta imprescindible contar con locales adecuados para la instalación de los tres juzgados especializados en el interior del país”, agrega.
En cuanto a la negociación que la SCJ inició con los gobiernos departamentales para la obtención de locales por medio de contratos de comodato, el organismo señala que estas gestiones “aún se encuentran en trámite y, de concretarse, corresponde luego proceder a su acondicionamiento y adaptación, lo que insumirá un tiempo adicional, que se estima en 12 meses”, con lo cual justifica la necesidad de suspender la instrumentación hasta julio de 2022.
Para convertirse en proyecto de ley, la iniciativa requiere que alguno o algunos de los legisladores de la comisión lo presenten como tal. Esa no parece ser una opción para los senadores del Frente Amplio (FA), que cuestionaron la solicitud de la SCJ por entender que incumple con el compromiso acordado en el Presupuesto Nacional.
El presidente de la Comisión de Constitución y legislación, el frenteamplista Charles Carrera, dijo a la diaria que la SCJ “se comprometió a que se iban a instalar algunos juzgados” y que, por su parte, promoverá que “se cumpla con ese compromiso, porque son juzgados que son necesarios y existe una problemática en torno a este tema y una urgencia en la sociedad”. Aclaró que no lo conversó con los legisladores frenteamplistas, pero que personalmente no va a “participar en darle estado parlamentario a este proyecto”.
En tanto, el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, calificó la propuesta de la SCJ como “totalmente desatinada”, y consideró que la falta de recursos a la que hace referencia se debe “encarar ahora, en la Rendición de Cuentas, y proveer los recursos para que, de inmediato, pueda ser ejecutado”. “Las cuestiones de género no admiten la prórroga o secundarizarlas. Estamos en las puertas de la Rendición de Cuentas, ese es el ámbito adecuado para solucionar el tema de inmediato y no cortar siempre por el mismo lado”, opinó.
Por su parte, los legisladores del oficialismo todavía no adoptaron una postura. La senadora nacionalista Graciela Bianchi señaló en diálogo con la diaria que “probablemente se le dé prioridad” al asunto, por tratarse de un “tema importante”, pero no quiso adelantar su posición dado que por el momento no analizó el anteproyecto en profundidad. En la misma línea, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech consideró, a título personal, que la solicitud “puede ser razonable”.
El tema ya generó debate cuando a fines de 2020 se trató el Presupuesto Nacional en el Parlamento. Inicialmente el gobierno no previó dinero para esto, en línea con el pedido de la SCJ de postergar la implementación de distintos temas derivados de la ley integral de lucha contra la violencia de género, de 2017. En la negociación parlamentaria y tras la intervención de la vicepresidenta Beatríz Argimón, se reasignaron 57 millones de pesos para la creación en el interior de tres juzgados especializados en violencia de género. La puesta en práctica de esto último es lo que ahora propone aplazar el órgano máximo del Poder Judicial.
“Inadmisible”
La Intersocial Feminista considera que la propuesta de la SCJ es “inexplicable”, “inentendible” e “inadmisible”, dijo a la diaria Valeria Caggiano, una de las voceras de la organización. “Siempre que se generan las condiciones para que se avance en el tema, tiempo después vuelve a aparecer la mención de que los recursos no alcanzan o no están. Es inentendible, porque indudablemente cuando dicen que no están dadas las condiciones, no sólo presupuestales sino también las otras, se refieren a algo a lo que están obligados por la ley. La situación es grave”, puntualizó.
Caggiano dijo que “ya es una situación muy de mínima que sólo se puedan instalar tres juzgados especializados en el interior”, algo que “no mueve la aguja para nada en la atención y el abordaje de estas situaciones ni en lo que hace al cumplimiento de la ley”. Por lo tanto, “que otra vez esté en tela de juicio la instrumentación mínima de la ley es una situación muy preocupante”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la iniciativa de la SCJ “vuelve a poner en contradicción dónde está el compromiso del Estado en poner fin a la violencia de género y cumplir una ley que está vigente. Un poder del Estado no puede desoír ni hacer caso omiso a una obligación que tiene”.
La Intersocial Feminista tiene previsto plantear el tema el martes en una reunión con la bancada bicameral femenina que, según comentó Caggiano, inicialmente fue solicitada para dialogar sobre los proyectos de tenencia compartida que están en discusión en el Parlamento.