La mujer fue buscada en varias oportunidades por la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, pero mostró una actitud “evasiva” y no se presentó a las convocatorias del organismo.
Romina Celeste fue imputada con prisión domiciliaria por calumnia y simulación de delito tras organizar una denuncia falsa contra Yamandú Orsi. También fue formalizada por asociación para delinquir y difamación; la Fiscalía y su defensa no llegaron a un acuerdo abreviado. La mujer trans que denunció a Orsi, Paula Díaz, fue condenada a 20 meses de prisión, que cumplirá en un régimen de libertad a prueba. La Fiscalía de Ciudad de la Costa de segundo turno, a cargo de la fiscal Sandra Fleitas, se hizo cargo del caso.
Este miércoles se publicó el archivo de la investigación. Según el documento, una vez que la mujer presentó la denuncia, el 13 de marzo, comenzó a ser evasiva con los contactos de Fiscalía.
En el proceso intervino la Unidad de Víctimas y Testigos, que intentó citar en varias oportunidades a la denunciante para “lograr su contención, su acompañamiento, garantizar su acceso a la justicia”. A su vez, la fiscal comenzó la investigación con el Departamento de Delitos Especiales de Interpol “a fin de poder contar con mayores recursos para esclarecer los hechos denunciados y la veracidad de los mismos, así como la eventual responsabilidad de su denunciado”.
“A partir de ese momento, tanto el equipo de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía como los funcionarios policiales intervinientes comenzaron a intentar entrevistarse con la víctima vía telefónica a fin de notificarla de que debía ir a la Unidad de Víctimas y Testigos para ser entrevistada por personal especializado, cuya función, además de “acompañar”, es “efectuar un diagnóstico de la personalidad de dicha víctima”, planteó la fiscal en el escrito.
Según afirmó, “allí comenzó un derrotero sin fin, ya que después de comunicarse en una primera oportunidad con la víctima, donde se le hizo una videollamada por las dos técnicas de la Unidad de Víctimas, ella comenzó a dar excusas de presentar problemas de salud, de depresión, etc., para no concurrir a entrevistarse con las técnicas, que la citaron en múltiples oportunidades y que, con el apoyo de los funcionarios policiales, incluso concurrieron a su domicilio, donde nunca lograron poder entrevistarla”. Todo esto fue documentado por la Fiscalía.
Como parte de las pruebas, se pidió el levantamiento del secreto profesional para solicitar información al Hospital Pasteur y a una clínica privada de cirugía estética a la que la denunciante dijo haber concurrido. En la clínica privada, que había cambiado de dueño, descartaron que la mujer se hubiera atendido allí. Con relación al Hospital Pasteur, se contesto que “recién en el año 2022 se había atendido a la víctima, no existiendo registros de haber sido atendida en el momento que sucedieron los hechos”.