El ministro de Defensa, Wilson Ruiz, dijo que la situación social se debe a una campaña internacional para desprestigiar al país.
Sin acuerdo finalizó una nueva instancia de negociación entre representantes del gobierno de Colombia y los referentes del Comité Nacional de Paro, organización que está llevando una movilización que ya lleva más de un mes y que ha enfrentado una feroz respuesta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
La postura del Ejecutivo que encabeza Iván Duque se mantiene inflexible y la situación empeoró aún más el viernes, cuando el mandatario tomó la decisión de militarizar siete departamentos del país: Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda. Según se explicó en el decreto dado a conocer en las últimas horas del viernes, la asistencia militar en estos lugares se instrumentó para “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia”, de acuerdo a lo que informaron medios colombianos.
Duque viene insistiendo en que para poder llegar a un acuerdo con los impulsores del paro es esencial que estos condenen los cortes de rutas y calles –y acuso a exguerrilleros de estar detrás de estas acciones–, y a la vez desde las organizaciones movilizadas se expresó que, con la militarización, el gobierno está “bloqueando la negociación”. Según consignó la revista Semana, los dirigentes del Comité de Paro expresaron que el gobierno ha priorizado los discursos de odio y las declaraciones de estigmatización de la protesta, así como el tratamiento militar contra quienes participan en las huelgas. Para ellos, el presidente y sus funcionarios han guardado un “silencio cómplice” frente a los abusos de distintos agentes de la fuerza pública, así como ante el ataque de grupos civiles que actúan al lado de estos.
Si bien las protestas se están dando en muchos lugares del país, los hechos más graves en las últimas horas se registraron en Cali, la tercera ciudad más grande del país, capital del departamento de Valle del Cauca, donde el sábado el alcalde Iván Ospina informó que 13 personas fueron asesinadas. Ospina calificó como inadmisible que la población civil se encuentre armada y participe junto a uniformados de la Policía y pidió que los hechos sean “rápidamente investigados”.
Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, pidió la instalación de una mesa efectiva de diálogo y la investigación de los crímenes. “Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”, dijo Bachelet mediante un comunicado.
En una línea similar se manifestó el también chileno José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch.
A través de su cuenta de Twitter, Vivanco denunció los excesos cometidos por la Policía en Cali, hechos que fueron reconocidos desde la propia fuerza, y le pidió al presidente Duque que condene los hechos. “El presidente ha firmado un decreto con órdenes específicas en materia de seguridad pública, no hay ninguna alusión directa, ni indirecta, a la necesidad que la fuerza pública actúe respetando los derechos humanos, que no haya exceso ni abuso en el uso de la fuerza”, agregó Vivanco.
Paralelamente, el domingo medios colombianos reprodujeron declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en una entrevista que brindó al canal de televisión canadiense Vice.
Si bien no se conoce aún la totalidad de la entrevista, sino adelantos que están en las redes sociales del medio canadiense, las palabras del jerarca generaron sorpresa y molestias en vastos sectores sociales.
Según Ruiz, desde que comenzó el paro, el 28 de abril, se viene difundiendo información falsa, incluyendo las causas de muerte de los fallecidos en el marco de la movilización social. “Lo que he podido leer es que muchos muertos no son consecuencia del paro, sino que son hechos aislados por riñas y por intentos de hurto”, comentó el responsable de la cartera de Justicia, que agregó: “Decir que los muertos que ha habido son exactamente consecuencia del paro nacional es totalmente falso”.
Ruiz, sin dar ninguna prueba de lo que estaba afirmado, expresó que detrás de las acciones en el marco del paro estarían organizaciones criminales de índole internacional. “Fue una situación muy bien orquestada, yo la siento así. Fue una situación que organizaron a nivel internacional para desprestigiar al país. Por eso he salido a los medios internacionales a desvirtuar muchas cosas”, agregó el secretario de Estado. Para el ministro, a través de los medios internacionales se han difundido informaciones “completamente falsas”. Sobre todo, hizo énfasis en que se ha dicho que durante el paro se registraron “decenas de muertos y desaparecidos, cuando en la práctica no es así”.