Foto: Gentileza familia Barreto-Morató
La familia Morató denuncia que las excavaciones de UTE para instalar torres de alta tensión dañaron parte de los muros jesuitas que tienen más de 400 años, y pretenden informar la situación en el Parlamento.
El castillo Morató, ubicado al este de Paysandú, se vio afectado por tareas de instalación eléctrica por parte de UTE, y la familia propietaria del predio señala que la empresa “viola la normativa patrimonial y avanza sin permisos”. Los Morató expresaron que debido a los trabajos del organismo se rompió un alambrado de 1890 y parte del cerco de piedra, y creen que la situación “empeorará con el avance de las instalaciones de las torres”.
El abogado de la familia, Daniel Ochs, informó a la diaria que UTE planeó la obra con un proyecto de 2019, y se comprometió ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -que financia la obra- a no ingresar en zona considerada Patrimonio Histórico. En febrero de 2022, la estancia El Buen Retiro, sitio donde se ubica el castillo, fue declarada Patrimonio Histórico Nacional y, según explicó Ochs, a UTE “le correspondía” haber denunciado el cambio de estatus del inmueble y solicitar un nuevo permiso, y a su vez notificar al BID de que el proyecto de 2019 “ya no era ajustado”.
Antonio Morató, uno de los representantes de la familia, contó que en los primeros meses del año pasado tuvieron la visita de integrantes del BID desde Estados Unidos y de la arqueóloga brasileña Tatiana Acosta, quien realizó un estudio sobre la situación del territorio. Este informe, publicado en mayo de 2022, marcaba como medida preventiva el distanciamiento de las torres de alta tensión a “más de 500 metros de la estructura”. Sin embargo, en noviembre comenzaron las tareas de UTE y, según Morató, hay partes que se encuentran a tan sólo 112 metros de los muros patrimoniales. “Hicieron caso omiso a lo señalado por la arqueóloga y pasaron por arriba de la normativa del BID”, cuestionó.
Debido a las consecuencias que tuvieron las obras, el abogado Ochs comunicó que presentarán una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y pedirán una audiencia ante el Parlamento y el MEC para informar de lo sucedido. Asimismo, harán saber al BID de lo ocurrido. “Estamos agotando todas las instancias políticas y jurisdiccionales para que la comunidad y las autoridades públicas vean que este atropello es desastroso. Alguien tiene que ir a hacerse cargo”, agregó el profesional.
A su vez, tanto Morató como el abogado coincidieron en que UTE “hace oídos sordos y no escuchó los dictámenes de los expertos del BID” ante este escenario, y afirmaron que el ente “quiere hacer ver” que sólo las construcciones son patrimonio histórico. En este sentido, añadió que en la declaración de la Comisión de Patrimonio “queda claro” que el patrimonio abarca todo el padrón del campo.
“Presentamos una acción de amparo donde denunciamos que la línea recta indicaría que no hay que ingresar a la estancia El Buen Retiro, pero aun así entran porque quieren evitar que sea afectada la producción de un vecino. Hay un recorrido diez kilómetros más largo, que resulta más costoso para el Estado, para no afectar una producción, y entran en un establecimiento patrimonial a destrozarlo. UTE siguió adelante sin ningún informe que refutara al de Tatiana Acosta, estaban advertidos de que esto podría suceder”, apuntó Ochs.
Al respecto y por el momento, desde la Comisión de Patrimonio dijeron a Montevideo Portal que es “altamente improbable” que la caída de parte de los muros jesuitas se haya debido a las obras llevadas a cabo por UTE. Para Ochs esta respuesta “es preocupante” al provenir del órgano encargado de “velar por la tutela del patrimonio”, y manifestó que estas conjeturas se hacen “desde un despacho en Montevideo”. “Hace menos de un año que vino una reconocida arqueóloga brasileña y señaló los riesgos, advirtiendo que se haga lejos; no se hizo de esa forma y ahora vemos las consecuencias. Los muros no se movieron por 400 años, ahora sí”.
En el lugar, los trabajos de UTE son realizados por la empresa China Machinery Engineering Corporation (CMSC), especializada en construcción e ingeniería. Para los denunciantes, el trabajo debió ser realizado bajo la supervisión de un arqueólogo de la Comisión de Patrimonio y otro de la empresa china, para estudiar las muestras extraídas de las excavaciones y comprobar si es posible seguir avanzando. “Varias veces visitamos el predio donde trabajan y comprobamos que no hicieron nada de esto, no ven el material arqueológico que se está perdiendo”, denunció Morató. Además, dijo no haber visto controles de UTE en las tareas que realiza CMEC y tildó como “una decisión extraña” que el organismo deje en manos de una empresa china un monumento histórico nacional.
Este reclamo se suma a la denuncia realizada por los Morató a comienzos de este año, debido a “irregularidades en el trabajo de la empresa china”. La familia, por intermedio de su abogado, denunció ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social que se vulneran los derechos de los trabajadores.