El senador nacionalista Sergio Botana no acompañará la iniciativa.
Luego de tres cuartos intermedios, la Cámara de Senadores inició el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para encontrar una solución a la distribución de usuarios de Casa de Galicia tras el cese de actividades. El senador nacionalista Gustavo Penadés precisó que se acordó que en esa primera instancia se haría una discusión general, con un orador de la oposición y otro del oficialismo, luego se procedería a un cuarto intermedio para concurrir a la Asamblea General para la designación de las autoridades de la Suprema Corte de Justicia y, posteriormente, se retomaría la sesión para la votación definitiva del proyecto.
Cuando terminó de hablar, el senador Sergio Botana, también integrante del Partido Nacional, pidió la palabra y dejó entrever algunas discrepancias. En concreto, preguntó si la moción de régimen de trabajo presentada no iba a coartar la posibilidad de ningún legislador a discutir el proyecto. Penadés le respondió que en “ningún momento” se pensó “coartar la opinión de ningún legislador”, porque además sería antirreglamentario. Minutos más tarde, desde el Partido Nacional se informó a la prensa que Botana no apoyaría el proyecto y que trasladó sus discrepancias al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.
Según supo la diaria, uno de los puntos por los cuales los legisladores pidieron varios cuartos intermedios fue para discutir sobre la situación judicial de la mutualista. A fines de diciembre, el juez Leonardo Méndez rechazó un recurso de apelación de la empresa bajo el argumento de que la Ley de Concurso declara “inadmisible” esta acción para este tipo de casos. La empresa apeló la decisión y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil tomó el caso para determinar si da lugar o no al recurso presentado.
Al respecto, Penadés dijo durante la sesión que a los legisladores “no se les escapa la situación vinculada a la situación judicial” y, en ese sentido, aclaró que el proyecto “no pretende intervenir en absolutamente nada en relación al Poder Judicial en estos temas”. La iniciativa, agregó, busca “enfrentar una realidad que fue la que permanentemente ha sido puesta de manifiesto por el gobierno y el Ministerio de Salud Pública: garantizar a los usuarios la mejor calidad en la prestación médica, no pudiendo hacer peligrar, por ninguna circunstancia, la salud y hasta la propia vida de los usuarios”.
En ese marco señaló que el texto es “perfectible, sin lugar a dudas”, pero remarcó que es “el acuerdo que se ha podido alcanzar y es un muy buen acuerdo, que garantiza a los usuarios la posibilidad de la atención de la salud y a los trabajadores la posibilidad de mantener sus fuentes laborales.
La propuesta
A la iniciativa original, que contaba con un artículo, se le agregaron varios aditivos, a propuesta de los partidos políticos.
El proyecto inicial otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de “determinar aquellos prestadores integrales a los cuales se destinarán los afiliados de Casa de Galicia beneficiarios del Sistema Nacional [Integrado] de Salud, en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles desde la entrada en vigencia de la presente ley”.
Además, se establece que los usuarios tendrían otros 15 días hábiles para cambiar de prestador y que debían elegir entre los que fueron designados por el Poder Ejecutivo, con la posibilidad de “migrar libremente” a otro prestador de salud después de 24 meses de la asignación.
Tras el intercambio entre los partidos políticos, se acordó detallar los criterios de selección de las mutualistas, que deberán tener menos de 100.000 usuarios, que los mayores de 65 años no superen el 20% y que cuenten con la cantidad de camas necesarias respecto de su padrón. También se incorporó en el articulado que en función de la cantidad de usuarios que absorba la mutualista, deberá recibir determinada proporción de trabajadores.
Penadés destacó el rol de la coalición y en particular de la oposición por haber logrado un acuerdo político. “No se puede dejar de reconocer que se construyó [esta solución] dentro de un consenso muy amplio”, dijo, y adelantó que será votado por la mayoría de las bancadas parlamentarias. También reconoció la “creatividad encontrada” para que las instituciones médicas pudieran absorber proporcionalmente a usuarios y trabajadores y garantizar la sustentabilidad.
A su turno, el senador del Frente Amplio Daniel Olesker explicó que el proyecto de ley original estaba bien “encaminado en sus objetivos”, pero que ello no se veía reflejado en el artículo. En ese sentido, hizo hincapié en que el proyecto actual otorga garantías tanto para trabajadores como para usuarios.
Remarcó que el proyecto original hacía referencia sólo a los trabajadores dependientes, mientras que en el actual el criterio que prima es que cualquiera que haya trabajado en Casa de Galicia de forma permanente, sin importar la forma jurídica, está contemplado en la distribución a otras mutualistas. También señaló que el proyecto propone “llevar la discusión sobre las condiciones finales de ingreso y redistribuciones al Grupo 15 del Consejo de Salarios”, por lo que “lo que estamos aprobando hoy es el piso” y “no tiene techo”.
En cuanto a los usuarios, Olesker saludó que se haya aceptado el planteo del FA de que los “criterios de asignación a las mutualistas sean lo más respetuosos de la estructura del sistema”. En ese marco, manifestó que es una buena solución que las mutualistas designadas por el Poder Ejecutivo “no tengan una gran población de mayores de 65 años”, para mantener el equilibrio etario.
También se incluyó a propuesta del FA la posibilidad de que los usuarios puedan optar por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El senador precisó que si bien esto ya está establecido por ley, la mayoría de los usuarios desconoce que se puede cambiar a la prestadora de salud en cualquier momento. Otro aspecto que se incorporó es que ASSE pueda presentarse en el proceso concursal para adquirir la infraestructura sanitaria de Casa de Galicia.