La Corte Suprema argentina no es la única institución que se afana por proteger a los poderes concentrados e impedir la consolidación de proyectos soberanos. Todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) sufren de forma sistemática la cooptación de magistrados y fiscales al servicio de intereses corporativos afines a los requerimientos trazados por el Departamento de Estado.