Audiencia por el caso Jorge Tróccoli, en Roma.
Foto: Nadia Angelucci
“Incluso años después, este tipo de juicios sigue siendo relevante, porque pone ante nuestros ojos lo que fue una horrible violación de los derechos humanos mediante el secuestro, la tortura y el asesinato de seres humanos”, dijo el abogado que representa al FA.
Escuchá este artículo
Leído por Mathías Buela.
“Elena Quinteros era una maestra con un profundo compromiso por la educación pública y la justicia social. Desde niña recibió de su madre enseñanzas sobre el valor de la solidaridad, practicando el cristianismo, y de su padre, las ideas sobre el socialismo. Elena practicó lo que aprendió a lo largo de su vida. Participó en las misiones socio-pedagógicas en las cuales maestros y universitarios concurrían a los lugares más profundos del Uruguay rural, lugares con extrema pobreza. Allí reafirmó su empeño de ser maestra y militante social y política. Ella misma dijo que, luego de haber conocido cómo vivían aquellos niños, su existencia no podía ser la misma y que iba a dedicar su vida a cambiar esas cosas”. Esto es el retrato que hizo este martes en el aula bunker de Rebibbi, en Roma, el exdiputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Luis Puig sobre Elena Quinteros, la maestra uruguaya desaparecida en 1976.
Puig dio su testimonio sobre la desaparición de Quinteros en una audiencia del juicio que se está desarrollando en Roma en contra del exmarino uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, ya condenado a cadena perpetua en julio de 2021 por su participación en la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, que se desplegó en América del Sur en las décadas de 1970 y 1980.
Troccoli, que huyó de Uruguay para evitar ser enjuiciado por actos similares, ahora cumple su condena en la cárcel Gian Battista Novelli de Carinola, en la provincia de Caserta, y ha sido nuevamente llamado a proceso por la tercera sección de la Corte de Asís de Roma, presidida por la jueza Antonella Capri, por la muerte y desaparición de la pareja italo-argentina Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza y por la desaparición de la maestra uruguaya Elena Quinteros, militante del PVP.
Oleada represiva contra el PVP
Newsletter semanal de Justicia
El testimonio de Puig se centró en la fundación del PVP, en la oleada represiva que se desató sobre esta organización política, en los mecanismos de inteligencia aplicados durante la dictadura por el aparato represivo, y en el secuestro y la búsqueda de Quinteros por parte de su madre, Tota Quinteros, quien falleció sin tener noticia alguna de su hija, que hasta el día de hoy permanece desaparecida. Puig habló también sobre las figuras de León Duarte y Gerardo Gatti, dos dirigentes del PVP, también desaparecidos, y, en particular, sobre el secuestro de Gatti.
El exdiputado describió al PVP como un partido creado en 1975 por exiliados uruguayos en Argentina, que actuó como aglutinador de los sectores democráticos que querían resistir a la dictadura en Uruguay. “Un gran número de militantes políticos del PVP fueron perseguidos, detenidos y torturados por la dictadura uruguaya; los organismos responsables de la represión fueron la OCOA [Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas], creada en 1973; el Servicio de Información y Defensa [SID] y el Fusna [Fusileros Navales], donde Tróccoli actuaba de S2”, dijo Puig.
El exlegislador por el Frente Amplio (FA) dio testimonio también sobre los secuestros de militantes del PVP en 1976 en Argentina, contó de los traslados ilegales a Uruguay y de la mentira de la dictadura acerca de una supuesta invasión al país por parte de militantes de esa organización para convencer al Congreso de Estados Unidos de no suspender la ayuda militar a Uruguay.
Numerosas fueron las preguntas por parte del fiscal Erminio Amelio y los abogados Andrea Speranzoni, que representa al FA, y Alicia Mejía, que representa a la familia de Elena Quinteros.
Las preguntas dieron cuenta también de la situación de terror que vivió el país durante la dictadura cívico militar de 1973-1985, los altísimos porcentajes de detenidos en relación a la cantidad de habitantes y las condiciones inhumanas de las detenciones.
El abogado de Tróccoli, Marco Bastoni, centró su contrainterrogatorio en el perfil de los militantes del PVP y de Elena Quinteros, tratando de señalarlos como terroristas pertenecientes a la guerrilla tupamara.
Métodos violentos
Mena Narducci, la segunda testigo del día, habló de su relación con Quinteros: “Yo asistía a un sindicato en el barrio donde vivía y allí conocí a Elena”. En su relato Narducci contó la preocupación de Elena cuando ella misma fue secuestrada en su casa. “Mi padre abrió la puerta y habían militares al mando del capitán Jorge Silveira. Fueron por mi cuñado y mi hermana, luego un policía me quitó el carné, le vi hablando con Silveira y volvió por mí. Me encapucharon. Nos subieron a una especie de camioneta y nos llevaron a un lugar donde estuvimos horas paradas en una habitación, con las manos atadas, golpeándonos. A los dos días nos soltaron”.
“Cuando Elena se enteró de nuestra detención -dijo Narducci emocionada-, llamó a mi madre a todas horas, hasta que yo misma contesté el teléfono porque me habían dejado en libertad. Elena me dijo que debía irme a Argentina porque la represión estaba empeorando”. Narducci narró a los jueces sobre las torturas sufridas y acerca de los métodos violentos de sus verdugos, como el submarino y la picana eléctrica.
También subió al banquillo de los testigos Elba Rama, sobreviviente de Automotores Orletti y de otros centros clandestinos de detención; ella contó sus peripecias desde que fue secuestrada de su domicilio en Buenos Aires, donde se había refugiado luego del golpe de Estado en Uruguay. Rama fue detenida en el contexto de la primera oleada represiva contra el PVP. Fue arrastrada de su piso en la Capital Federal y llevada, atada y vendada, en un auto particular a Orletti. Sometida a tormentos físicos y mantenida en condiciones de vida inhumanas, luego de diez días fue trasladada a Uruguay junto con sus compañeros en el conocido “primer vuelo” de la Fuerza Aérea Uruguaya.
En Uruguay permaneció ilegalmente detenida en la casa de Punta Gorda, conocida como Infierno chico o 300 Carlos R, y luego en la sede del Servicio de Información de Defensa en Bulevar Artigas y Palmar, para luego ser involucrada en la operación conocida como la “farsa del chalet Susy”, en Shangrilá, Canelones, que tenía el objetivo de legalizar ante la opinión pública las detenciones de uruguayos secuestrados en Argentina por motivos políticos y trasladados clandestinamente al país. Los secuestrados fueron trasladados a esa casa y se montó un operativo para simular su detención. También Rama se detuvo en recordar el compromiso y la postura humana de Elena Quinteros, con quien convivió en Buenos Aires.
Speranzoni expresó a la diaria su satisfacción con el desarrollo de la audiencia: “Los tres testimonios enmarcaron el caso Quinteros como una acción conjunta entre el SID y el Fusna con la coordinación del OCOA. Esta reconstrucción es importante, porque explica la brutalidad con que la dictadura reprimió a los partidos políticos, pone en evidencia el desprecio por el ser humano y las gravísimas violaciones a los derechos humanos fundamentales. Incluso años después, este tipo de juicios sigue siendo relevante e importante porque pone ante nuestros ojos lo que fue una horrible violación de los derechos humanos mediante el secuestro, la tortura y el asesinato de seres humanos”.
La próxima audiencia, prevista para este jueves, seguirá centrándose en estas reconstrucciones con los testimonios del historiador Álvaro Rico y del periodista Roger Rodríguez.