A la espera de que se terminen de contar las firmas y se defina una fecha para el referéndum, comenzaron las campañas por el Sí y el No que buscarán derogar y defender, respectivamente, 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).
En los últimos días, la campaña estuvo marcada por polémicas y acusaciones de tergiversar y mentir por parte de ambas posturas. El spot de campaña que lanzó la Comisión Nacional por el Sí se enfrentó a una ola de críticas por parte de referentes del oficialismo. Algunas declaraciones de jerarcas y legisladores de gobierno defensores de la LUC también fueron consideradas reprobables por propios y extraños.
“Hasta que se consiguieron las firmas, el gobierno tuvo un comportamiento comunicacional muy propositivo, no tuvo que reaccionar a casi nada, quien parecía reaccionar de manera constante era la oposición”, analizó Victoria Gadea, politóloga y consultora en comunicación estratégica y política. Explicó que eso es “bastante poco común” y que ahora por primera vez se está viendo una “posición reactiva” del gobierno.
Comentó que durante el proceso de recolección de firmas el gobierno dio a entender que la estrategia era no hablar del tema como forma de no ponerlo en agenda y evitar que se consiguieran las adhesiones. Cuando se llegó al número, el oficialismo centró el debate “en una lógica plebiscitaria por la cual, más allá de lo que se refiere a la LUC en concreto, para muchos actores va a ser una forma de expresarse tanto a favor como en contra del gobierno”, dijo la politóloga. Del otro lado, después de la recolección de firmas el Frente Amplio (FA) se puso la campaña más al hombro. Sin embargo, Gadea recordó las diferencias iniciales dentro del partido de izquierda con respecto a si valía la pena transitar el proceso de referéndum.
Para Daniel Chasquetti, politólogo y profesor de la Universidad de la República, las dos campañas comenzaron con ritmo muy distinto. Se mostró impresionado por la capacidad de reacción de la coalición y destacó que están tomando con mucha seriedad el trabajo electoral; “veo que a diario hay reuniones y actividades, están muy proactivos”, comentó. Pero el gobierno tiene la desventaja de que la comisión por el Sí ya hizo el trabajo previo: “Juntó las firmas y para eso tuvo que salir a recorrer todo el país, los partidos de la coalición tienen que hacer el mismo recorrido en menos tiempo”, señaló.
Además, los partidos que componen la coalición de gobierno tienen que lograr cierto equilibrio entre coordinar acciones para defender la LUC y diferenciarse entre ellos, según Mauro Casa, politólogo y magíster en políticas públicas. Eso se debe a que los diferentes partidos deben apuntar a públicos muy diversos. La coalición tiene que lograr que la campaña funcione como un “rastrillo capaz de captar distintas voluntades”.
Los últimos resultados de una encuesta que hizo la consultora Radar a pedido del Partido Colorado, dieron como resultado que 20% de sus votantes votaría a favor de derogar la LUC, según informó Búsqueda. Dentro de la coalición, esta es la cifra más grande de no alineamiento de los votantes con su partido. Consultado sobre esta situación, Chasquetti contestó: “Creo que el Partido Colorado y Cabildo Abierto [CA] tienen un voto más volátil que el Frente Amplio y el Partido Nacional [PN], que tienen más capacidad de alinear a sus votantes. Ahí está una de las claves de la campaña, seguramente el Partido Nacional le va a pedir al Partido Colorado que trabaje para alinear a sus votantes”. Por ahora, consideró que aunque ha visto que Ciudadanos y Batllistas se están moviendo, no lo han hecho al mismo ritmo que el PN y CA.
Argumentos y estrategias
En lo que refiere a los principales argumentos que están apareciendo de ambas partes, los entrevistados coincidieron en que el tema de la seguridad es clave para el gobierno. Para Chasquetti, el gobierno está convencido de que las mejoras con respecto a los indicadores de seguridad se deben a la LUC, “a pesar de que no hay nada que lo demuestre”. Casa afirmó que “para el gobierno es un mensaje potente asociar la reducción de los delitos con que la LUC le dio más herramientas a la Policía para su combate, si bien en términos sociológicos y de política pública es discutible”.
Gadea añadió que el gobierno incluso “ha tratado de llevar adelante una lógica discursiva que sostiene que, de derogarse la LUC, se vería amenazada la seguridad pública”. En este sentido el ministro del Interior, Luis Heber, dijo que “si se llega a derogar 135 artículos de la LUC, vamos a sacarle protección a la Policía y vamos a liberar presos”. Otro de los argumentos que planteó el oficialismo es que todos los males que anunciaron los opositores de la LUC cuando se aprobó no sucedieron. “El argumento del gobierno es que no hubo una serie masiva de gatillo fácil, que era uno de los argumentos que había en contra de los artículos relacionados con la seguridad ciudadana. Tampoco hubo intentos de privatización en los entes públicos”, explicó Casa.
Los entrevistados también coincidieron en que las organizaciones opositoras a la LUC –el FA, la Comisión Nacional por el Sí y otras organizaciones sociales– ponen el foco narrativo en que la LUC sería la causante de una suerte de “desarme del Estado”, según definió Gadea. Chasquetti agregó que “la comisión y el Frente Amplio también apuntan a temas como los alquileres, la norma antisindical, la inclusión financiera”. Con mensajes como “la LUC no es Uruguay” se apela a sentimientos patrióticos, en el sentido de que “la LUC va en contra de las buenas prácticas democráticas del país de intentar legislar con ciertos consensos o dar ciertos debates profundamente”. “Se hace referencia a que Uruguay tiene una tradición estatista y la LUC avanza hacia lógicas privatizadoras y mercantiles”, observó Casa.
“El mensaje nacionalista y patriótico que intenta transmitir la Comisión por el Sí con el spot puede ser un intento de llegar a posibles votantes más conservadores del lado de la coalición”, señaló Casa y agregó que ve una intención de ambos lados de “ocupar la cancha del otro”. Por el lado del gobierno, se utiliza la palabra “popular” para referirse a la LUC, que generalmente está asociada a los movimientos de izquierda. En referencia a eso, Gadea planteó que la idea responde a que “el mandato popular puso al gobierno en el poder para gestionar un cambio y por eso la ley se convierte en popular”.