Para Cabildo Abierto debe quedar “por escrito” el compromiso de Radío de entregar datos de clubes cannábicos, porque “con la palabra no alcanza”

El martes a las 16.00 la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda empezará a votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, pero todavía queda alguna tela para cortar dentro del oficialismo sobre los artículos que generaron más diferencias. Así las cosas, los legisladores de la coalición que la integran se reunirán este lunes a las 10.00 para buscar consensos. Entre los artículos sin definición sigue el famoso 72, que quita el estatus de “dato sensible” a las direcciones de los clubes cannábicos y de sus respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha, para que sean de acceso, “por razones de seguridad pública”, al Ministerio del Interior (MI), con el fin de “la prevención de delitos”. Todos los diputados oficialistas de la comisión están dispuestos a sacar ese artículo, excepto uno.

“El tema de la marihuana está sin cerrar, porque nosotros no aflojamos”, dijo a la diaria el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone, integrante de la comisión y uno de los más entusiastas de la iniciativa. Señaló que su partido quiere que “quede por escrito” el compromiso que asumió ante la comisión Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas: no hay necesidad de que se apruebe ese artículo porque él puede brindar la información. “Radío tomó el compromiso, quedó en la versión taquigráfica. Pero cuando él no esté, ¿quién se hará cargo de eso? Porque la versión taquigráfica no tendrá validez alguna con el nuevo que venga”, sostuvo.

Originalmente el artículo 72 también habilitaba al MI a acceder a las direcciones de los autocultivadores y a “realizar inspecciones y controles regulares”, pero ambas disposiciones fueron eliminadas en una segunda redacción presentada por el Poder Ejecutivo. Radío, que se había mostrado totalmente en contra desde el principio, estuvo en la comisión el lunes 2 de agosto y subrayó que esa variación es “sustantiva”, según consta en la versión taquigráfica.

“Para nosotros, aquel texto original que caracterizaba el artículo 72 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, además de incongruente, era si no suicida, por lo menos, autoagresivo, conspiraba contra la armonía dentro del propio gobierno y, además, no tenía que ver con las orientaciones de política general que está sosteniendo el gobierno en este sentido”, subrayó. De todos modos, agregó que el artículo “debe ser retirado” del proyecto, porque “formalmente, sigue siendo impertinente” y “no ayuda al gobierno”.

“Yo me he aburrido de decirle a quien quiera oírlo, y a quien no lo quiera, que le voy a dar esta información al MI. ¿Por qué hay que ponerlo en este proyecto? No hay ningún impedimento legal para que se la dé; yo he manifestado públicamente de dar la dirección, y mi acuerdo con el ministro del Interior de encontrar los canales correspondientes. Además, insisto en que eran ideas que al señor ministro del Interior, Luis Alberto Heber, le parecían buenas”, señaló.

Perrone sostuvo que CA quiere “dejarlo por escrito” para “futuras autoridades” tanto del MI como del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, así queda “zanjado el lío”. “Cualquiera sea la forma, se deja por escrito que el MI puede tener acceso. Si no es en la rendición, que sea en algún tipo de convenio: que se junten las partes y que quede algo por escrito. Porque, en principio, entendemos que es un acuerdo sólo de palabra, pero en política tenemos que manejarnos con leyes y reglamentos escritos, no con la palabra. Con la palabra no alcanza”, insistió.

Además, Perrone señaló que tampoco pudieron avanzar para acordar sobre los artículos 107 al 110, los que establecen la creación de la Dirección Nacional de Zonas Francas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, suprimiendo la Dirección General de Comercio. Dijo que, por el momento, CA no vota esos artículos porque el cambio es “innecesario”.

Primera infancia: PC quiere énfasis en los CAIF

Por otro lado, en filas del Partido Colorado, en los últimos días salió a la luz una discrepancia en relación a la Rendición de Cuentas que hasta ahora no había trascendido públicamente. Es sobre el artículo 247, que establece una partida extra anual –de 50 millones de dólares– para la atención a la primera infancia. El artículo establece la creación de un equipo de coordinación, integrado por representantes de varios organismos, “que tendrá como cometido establecer el lineamiento y la estrategia del programa”, así como “proyectar la distribución de la partida referida entre las diferentes instituciones públicas que tendrán a su cargo la ejecución del programa”.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, integrante de la comisión que estudia la Rendición de Cuentas, sostuvo en diálogo con la diaria que cuando se planteó la iniciativa fue con la idea de darle una mayor protección a la primera infancia mediante diferentes programas, ya existentes, “pero sobre todo con un énfasis muy especial en los CAIF” (Centros de Atención a la Infancia y a la Familia, creados en 1988, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti). Pero luego, “en los anuncios que hicieron algunos ministros ese énfasis no quedó”.

“Entonces, vamos a presentar una modificación del artículo 247 para dejar sentado el énfasis que el PC les quiere dar a los CAIF. Entendemos que tienen un diseño que permite una protección más integral de los niños de entre cero y tres años, en cuanto a la alimentación, a la educación y al cobijo a la familia, en contextos sociales y económicos vulnerables“, subrayó. El diputado acotó que el énfasis en los CAIF es “sin perjuicio de reconocer los otros programas de los otros ministerios” (los CAIF dependen del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) y el programa de educación inicial, de la Administración Nacional de Educación Pública.

Rodríguez puso como ejemplo que en las últimas horas se comunicó con el diputado colorado de Maldonado Eduardo Elinger, quien le acercó una carpeta con solicitudes que había hecho relacionadas con “la necesidad concreta“ de tener un CAIF en la ciudad de Aiguá, “que hace años viene reclamando“. Por lo tanto, Rodríguez sostuvo que “a través de este impulso con recursos, se puede cumplir en localidades del interior donde no hay CAIF y hay una necesidad concreta, con población vulnerable que tiene hijos en esas edades”.